Cristo en Construcción

Un político católico debe obedecer a las autoridades de su Iglesia. Pero a veces esto no es fácil. ¿Qué es exactamente obedecer? No siempre será evidente al político católico que ellas tengan razón. Cualquiera sea el caso, es útil distinguir entre hacer propia la enseñanza de la Iglesia y obedecer a los pastores una instrucción de orden político. Hay temas en que la enseñanza eclesiástica no es clara para los laicos. Hay situaciones en que esta enseñanza sí es clara y, sin embargo, las decisiones políticas pueden ser plurales. Exigir los obispos a los laicos una misma acción política, exigírselo especialmente a los parlamentarios, no corresponde.

Los católicos debieran confiar en las autoridades de la Iglesia. No es esperable que los laicos estén igualmente preparados en todos los temas sobre los cuales su Iglesia tiene algo que decir. Es ya mucho lo que han de aprender para ganarse la vida y sacar adelante a su familia. Deben, en consecuencia, hacer fe en la enseñanza de sus pastores. Estos, por su parte, tienen por misión iluminar el camino de los fieles en virtud de una investigación de las fuentes de la revelación (la Biblia y la tradición, interpretadas por los “padres”, los papas, los teólogos y la experiencia creyente de los mismos cristianos), el auxilio de la filosofía y de las ciencias modernas, además de la atención a los “signos de los tiempos”, en todo lo cual los mismos laicos, sea por su preparación profesional, su sabiduría acumulada y su experiencia espiritual, aportan muchísimo. Esta misión se hace más difícil cuando las respuestas del pasado no vienen al caso de las preguntas del presente. Forjar una enseñanza nueva para tiempos nuevos, es una tarea que requiere mucho estudio y energía. Demanda un ingente trabajo colectivo y una disposición a buscar la verdad mucho más que a defenderla.

La Iglesia -todos los bautizados- enseña cuando aprende. Ella misma es ignorante sobre una enorme cantidad de materias que los tiempos aún no le han planteado. Las autoridades eclesiásticas no poseen “verdades” guardadas que sacar de un baúl cada vez que se presenta un problema. Tampoco tienen “recetas”. Ellas nunca pueden olvidar que la humanidad, y la Iglesia misma, avanza en la historia a tientas. Deben recordar, más bien, que la Iglesia ha perfeccionado muchas veces su enseñanza. El respeto de la libertad religiosa, por ejemplo, constituye un avance doctrinal del Vaticano II (Dignitatis humanae 2). El Concilio contradijo la intolerancia de Pío IX en esta materia (Syllabus III, 15). Este progreso es uno entre muchísimos otros.

Lo que vale para los cristianos en general, tiene particular importancia para los políticos católicos. Estos y las autoridades de la Iglesia, por lado y lado han de respetarse en el cumplimiento de sus funciones. Los políticos han de confiar por principio en la enseñanza de sus pastores. Estos, por su parte, deben reconocer autonomía al ámbito público y, sobre todo, respetar el recurso a la conciencia de los políticos cristianos. La persona de Estado “tiene el derecho de seguir, según su conciencia, la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno. Esta libertad, la libertad verdadera, la libertad digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Ésta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los Apóstoles” (León XIII, 1888).

Es así que la Iglesia en Chile debe esperar, e incluso pedir, que los senadores católicos cumplan el juramento que hicieron al asumir su cargo. Dice el Reglamento del Senado: “¿Juráis o prometéis, guardar la Constitución Política del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas, y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética del Senado?”. Algo parecido vale para los diputados.

Si algunos dignatarios eclesiásticos no están de acuerdo con que un católico jure algo así, podrán recomendarles que cesen en su cargo. Arriesgan, eso sí, que el parlamentario invoque en su contra la enseñanza de la misma Iglesia.

Continúa el Reglamento: “El nuevo Senador responderá: ‘Sí, juro’, después de lo cual el Presidente agregará: ‘Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os hagan cargo’”.

Si el congresal católico jura y luego en el desempeño de su cargo no cumple su juramento, “peca”. Será un “pecado”, en su caso, no obedecer a Dios que le habla en lo hondo de su conciencia. El senador/a o diputado/a deben iluminar su conciencia con la enseñanza que las autoridades de su Iglesia le hacen saber, pero ellos no han sido elegidos para obedecer a sus pastores ni para defender su credo, sino para tomar las mejores decisiones políticas posibles atendidas las circunstancias, las posibilidades y las personas en cuestión. Es esto, sobre todo, lo que Dios, y su Iglesia, pueden esperar de los parlamentarios católicos.

No soy analista político ni político, escribo como un ciudadano común. Lo hago porque estoy preocupado.

Juzgo que la mayor dificultad de Chile hoy es la relación de una clase política enferma con una ciudadanía enferma también. Lo primero que salta a la vista son los yerros de los políticos. Estos son graves, pero el disgusto ciudadano contra los políticos, el Estado, los empresarios y contra sí misma, especialmente tratándose de un malestar y una odiosidad que se nutren de un individualismo creciente, se está convirtiendo en una amenaza todavía mayor. El individualismo está desquiciando las instituciones y las agrupaciones, a las parejas y a las familias, a Chile como país y a otros países.

Desde que Joaquín Lavín el año 1987 anunció el triunfo del neoliberalismo sobre la configuración comunitarista del país, el individualismo, sobre todo en su versión consumista, se ha convertido en el factor motivacional principal de la toma de decisiones de las personas, también en el campo político. En general, la gente vota por lo que le conviene y no por lo que le conviene al país. ¡Muchos no votan! Es más, no solo los jóvenes, también los mayores exigen derechos pero no quieren que la sociedad les imponga deberes. Se olvida, empero, que los derechos se sustentan con deberes.

El pronóstico es malo. Alejandro Guillier, de izquierda, quiere ser el candidato de una ciudadanía harta de los políticos y de los abusos de quienes controlan del Mercado. Pero no me parece igualmente preocupado por la creciente falta de solidaridad política de esta ciudadanía. La solidaridad social de la nación se activa fácilmente y de un modo extraordinario con terremotos, aluviones e incendios. Pero las últimas décadas hemos constatado entre nosotros ciudadanos una pobrísima voluntad de sacrificio político. El caso es que la mayoría de las personas parece más interesada en lo que el país le pueda dar que lo que ella pueda dar a su país.

Esto lo digo porque, tras haber leído el libro de Raúl Sohr en que entrevista al candidato, no me queda la impresión de que Guillier se dé realmente cuenta la profundidad del problema. Comencé a leer el libro con la simpatía que siempre le he tenido al personaje, pero quedé preocupado. Me ha dejado la idea de que Guillier no percibe que la “revolución silenciosa” diagnosticada por Lavín nos ha hecho cada vez más egoístas y que la desigualdad, que no cede, en una cultura maleada por el Mercado, nos parece aún más irritante. Nos vuelve agresivos. Nos enferma.

La ciudadanía, la responsabilidad política del pueblo sobre sí mismo, está siendo carcomida a un nivel muy hondo. Entre los muchos fallos de los políticos, el peor de todos puede ser precisamente no representar a esta ciudadanía como “profesionalmente” debe hacérselo. A mi parecer, su obligación mayor debiera ser auscultar “las necesidades de la gente”, conocer sus emociones, reacciones y reclamos de justicia y de derechos; pero, la profesión de político exige también tomar decisiones impopulares y legislar muchas veces en contra de las mayorías, si de ello depende la construcción de un futuro común.

Tiene razón Guillier de quejarse contra la clase política por numerosas razones. También acierta en representar el malestar enorme de la ciudadanía engañada por empresas, cadenas de negocios y tiendas que abusan de ella. Los chilenos están airados contra la colusión entre las empresas y el cohecho con que estas seducen a los parlamentarios. Pero un político –y de esto nada dice Guillier- no solo debe asumir la queja de los ciudadanos, sino también encaminarlos al bien común, a veces contra su voluntad, por la fuerza de la ley.

¿Será mejor Guillier que el Partido socialista que lo eligió de candidato? No sé. Pero es lamentable que la política sea cosa de mera popularidad. ¿En qué momento el Parlamento liberó a los ciudadanos de la obligación de votar en las elecciones? Mal hecho. Otro ejemplo: los ciudadanos agradecen, en principio, el incremento de un 5 % en su fondo previsional, pero quieren que se les impute como ahorro individual. No están dispuestos a compartirlo con los demás. Tercero: los santiaguinos, en forma creciente, se “vengan” contra el Transantiago no pagando sus pasajes. ¿Son estos mejores que la juventud que destruye los buses y que arruina el centro de la ciudad con los grafittis y sus proclamas anarquistas? Por mi parte, me sumo a quienes exigen que la gratuidad universitaria sea financiada por los egresados una vez que se inicien en la vida laboral. Asimismo, pienso que habría que quitarle la gratuidad a quienes no voten en las elecciones políticas.

Resulta paradójico pensar que, al final del día, los socialistas chilenos son los empresarios que, con el pago de impuestos, financian los derechos sociales (salud, educación, habitación, etc.) de una población que tiene puestos los ojos solo en sus intereses individuales. Es raro, además de injusto. El futuro de cualquier país depende de que cada ciudadano y las asociaciones intermedias se sacrifiquen en beneficio de los demás y del conjunto.

No votaré por alguien que a mí me convenga. El país está primero. Entre los muchos asuntos a considerar, será para mí prioritario mirarlas cosas en el largo plazo. Votaré por quien, a la hora de decidir, vea que se preocupe por los siguientes sujetos.

Las mujeres todavía están en situación de desigualdad. Me gustaría comparar los programas de los candidatos. ¿Qué proponen para achicar la diferencia en los salarios? Se dirá que los sueldos los fija el mercado. ¡Por esto precisamente suelen ser injustos! El mercado da una señal importante para construir un sueldo justo, pero señales hay muchas otras. Otra cosa: se ha sugerido una pensión para las mujeres que han sido dueñas de casa. Podría concedérseles a las madres que no pudieron trabajar o que lo hicieron con dificultad y apenas pudieron ahorrar en una AFP. Alguien dirá que el trabajo doméstico de la dueña de casa, para el mercado, es imponderable. Póngase, entonces, como referente el salario de la asesora del hogar mejor pegada del mercado y créese una pensión equivalente. Será sin duda poco, pero no nada.

Los mapuche debieran ser reconocidos como Pueblo-Nación. Así mismo los otros pueblos originarios. El Estado chileno se comprometió a hacerlo ante la ONU. No ha cumplido. Hoy sabemos que el reconocimiento como pueblo implica derechos políticos y diversas formas de autonomía. No se trata de inventar un país nuevo, sino de dar a los mapuche carta de ciudadanía según su propia cultura e identidad. Se olvida que la Pacificación de la Araucanía fue un genocidio. No ha debido ser esta la manera de nacionalizar a un pueblo. La invasión de las forestales y proyectos extractivos (mineras, hidroeléctricas) ha sido otro tipo de invasión devastadora en los territorios mapuche. Hoy lamentamos una violencia que es producto de una enorme injusticia. Espero votar por un candidato que, en vez de mandar tropas al sur, saque a las forestales de sus tierras y negocie con la CAM y con todas las organizaciones las condiciones de una convivencia amistosa. Se necesitará también una o varias leyes que promuevan el crecimiento económico sustentable de esta zona del país, leyes que tomen en cuenta la cultura y la opinión de sus habitantes.

Los migrantes necesitan un recibimiento hospitalario. La actual ley no lo permite. Se sabe que llegarán igual: por tierra, por mar o por aire, a la buena o a la mala. Migrar es un derecho de la humanidad desde hace 70.000 años. La migración es un derecho consagrado en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Me gustaría que la nueva ley estipule la integración más rápida de los inmigrantes, de modo que ellos y ellas lleguen a beneficiarse de nuestra nacionalidad y ciudadanía lo antes posible. Que tributen, que voten, que pronto se adscriban a las AFP y a las Isapres o a Fonasa, que paguen y aprovechen sus servicios. Por otra parte, introduciría una reforma al código penal. Consideraría una agravante el maltrato a un inmigrante a causa de su condición o de su raza.

Los jóvenes universitarios no debieran perder la gratuidad obtenida. Es más, espero ver en los próximos programas de gobierno promesas de conseguirla en un 100%, si el país logra financiarla. ¿Cómo hacerlo? Los mismos universitarios debieran contribuir económicamente a la educación de las siguientes generaciones. Tendrían que pagar sus carreras después de egresados. Desde kinder los niños debieran entender que los impuestos son fundamentales. No hay derechos sociales sin deberes sociales. Por esto, no le daría gratuidad alguna a los universitarios que no acudan a votar en las elecciones políticas. La solidaridad tendría que ser la clave de la nueva educación. Lo más importante en esta materia, en todo caso, será terminar con el co-pago en la educación escolar. El Estado tendría que asegurar una educación igualitaria. La educación pagada –pública o privada, laica o religiosa- reproduce la desigualdad. De momento se hace difícil impedir que haya también educación pagada de elite. Pero a futuro el país tendría que poder poner trabas a este factor, pues hace de Chile un país clasista y desigual.

Los super-ricos tendrían que poder ser controlados lo más posible. Los ricos en general son de cuidado. Pero quienes poseen una fortuna cercana a los quinientos millones de dólares –por poner una cifra-, debieran ser objeto de restricciones legales permanentes. La creciente concentración mundial de la riqueza tiene al mundo al borde del despeñadero. Conviene siempre tener en cuenta que la economía financiera no tiene la misma calidad ética que la economía productiva. El país requiere de empresas y empresariados creativos, robustos y arriesgados. Pero a las grandes fortunas, a todas por parejo, hay que mirarlas con lupa. Porque independientemente del bien que pueden hacer creando empleos y salarios justos, la mera concentración excesiva de riqueza es un peligro para la sociedad. Espero que en un programa de gobierno se nos diga cómo se controlará la libertad de los super-ricos para hacer negocios y para relacionarse con los poderes políticos, culturales y comunicacionales. Los hechos prueban que la libertad de los multimillonarios vulnera la libertad de los pobres (que hoy compran cosas que el marketing les vende infaliblemente), distorsiona el mercado (con monopolios o colusiones) y socava la democracia (con corrupción y cohecho). Me hago una pregunta: ¿debe una próxima constitución política permitir que un super-rico sea parlamentario o presidente de la República? Me gustaría ver un debate al respecto.

Los programas de gobierno tienen que ser creativos y lo más completos posible. El votante tendrá que atender a muchas propuestas, pero también a las coaliciones políticas capaces de sustentarlas. Los criterios que he señalado no son los únicos a considerar. Pero, al menos yo, observaré con atención cuál de los candidatos los sirva mejor. La discusión política de estos meses tiene mucho de cháchara. No siempre se deja ver lo realmente importante. Qué hará el país con las mujeres, los inmigrantes, los mapuche, los estudiantes y los super-ricos, a mí parecer, es decisivo para un futuro de largo plazo.