Es obvio. Está a la vista. No soy economista ni político, pero todo indica que la crisis socio-ambiental desencadenará un cuestionamiento de la propiedad privada. Si me equivoco, que me corrija un experto. Mi hipótesis es que la acumulación de la riqueza se volverá insoportable para la gente común, al mismo tiempo que la política, en Chile y en el mundo, recuperará la importancia que merece.
2019 será recordado como el año de la toma de conciencia mundial de la crisis de un modelo de desarrollo que ha puesto a la humanidad al borde del precipicio. La crisis de la economía de consumo, de la economía neoliberal, de la economía de la maximización de las ganancias, de la acumulación del capital por el capital o como quiera llamársela, es patente en los resultados: el planeta no da para más. Estudios hay de todo tipo para darse cuenta que la causa precisa del desastre ecológico es un sistema económico que favorece una acumulación de capital que no mide los costos ambientales y sociales del crecimiento ilimitado.
Mirada de cerca, esta es una crisis socio-ambiental porque las primeras víctimas, como suele ocurrir en todas las catástrofes, son los más pobres. Lo son ya ahora, poblaciones afectadas por sequías cada vez más agudas, que no tienen casas suficientemente fuertes para soportar los ciclones o que ven que los más ricos se apropian o simplemente les roban las aguas.
Estos son los efectos, la posibilidad del aumento de capital fuera de todo control es su causa. El reconocimiento del superior valor de la propiedad individual sobre el colectivo, logro histórico de la codicia, si se quiere revertir la tendencia a la debacle, deber ser revisado. Urge poner las cosas en orden. Ha cambiado el sentido común. La mayor conciencia de la responsabilidad universal sobre un planeta que nunca debió dejar de pertenecer a todos, hará que sus habitantes volvamos los ojos hacia los avaros. ¿Con qué derecho se han apropiado de una tierra que solo puede tener un dueño: la humanidad y los otros seres vivos con quienes los seres humanos la comparten?
Los super-ricos del mundo acumulan el 82 % de la riqueza mundial.
Los más ricos del planeta eluden impuestos moviendo los capitales donde estos son más bajos, las grandes empresas influyen en la política, los derechos de los trabajadores son erosionados y los gastos en favor de los pobres son recortados.
Si algún día se legalizó la privatización de las aguas, ¿por qué otro día no pudiera, también legalmente, expropiárselas?
Los grandes propietarios –no así los grandes especuladores- están preocupados. Los propietarios más ricos que han hecho fortuna produciendo bienes, generando trabajo mal o bien remunerado, tendrán que soportar muchas miradas acusadoras. Se han apoderado de campos. Destruyen los glaciares. El péndulo alcanzó el punto más alto favorable a los adinerados y va de vuelta al punto más alto que puede favorecer a los ciudadanos. Los empresarios se apurarán en conseguir sellos “verdes” para capear la COP25.
Bienvenida la política. ¿Le toca ahora a las izquierdas? No necesariamente. No es nada claro que lo harían bien. La ciudadanía debiera exigir a los políticos ponerles cascabeles a los gatos y los políticos debieran dejar de pensar en su reelección. La ciudadanía en vez de lloriquear contra sus representantes y, al mismo tiempo, hacer pucheros por la destrucción del medio ambiente, tendría que cambiar de mentalidad, moderar su consumo y disponerse a compartir sus bienes. Ahora le toca sobre todo a los ciudadanos a través de los políticos o de las comunidades.
Termino con un ejemplo del movimiento cultural y pendular en curso. Macarena Segovia sostiene: “Para este año, la Dirección General de Aguas programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros, el 97% de ellos en la Región del Biobío. Actualmente hay dos comunidades en dicha región que se encuentran movilizadas para detener estos remates de aguas que fueron recuperadas por el Estado, debido a que los privados que habían adquirido los derechos, no pagaron las multas por el no uso de los mismos. Los vecinos y comunidades han levantado recursos ante la justicia para evitar la privatización de los ríos Queuco y Renaico, un mecanismo que está reglado por el actual Código de Aguas” (El Mostrador, 14 de octubre, 2019).
